¿Puede el mercado proteger al medio ambiente mejor que el Estado?
Por: Jasmin Espinoza Quinto
La protección del medio ambiente suele presentarse como una tarea exclusiva del Estado. Gobiernos implementan programas, campañas y voluntariados ambientales con buenas intenciones, como los impulsados desde ministerios y entidades públicas. Estas iniciativas son valiosas en términos de sensibilización, pero el verdadero debate no debería centrarse en si el Estado hace algo o no, sino en qué tan efectivas son las herramientas que utiliza para alcanzar sus objetivos ambientales.
En muchos casos, la limitada capacidad de ejecución, la burocracia y la falta de incentivos claros reducen el impacto real de estas políticas. Como sostiene la Nobel de Economía Elinor Ostrom (2000), las soluciones impuestas verticalmente por el Estado a menudo ignoran las complejidades locales, lo que puede llevar a una gestión ineficiente de los recursos comunes.
El mercado y el sector privado, en cambio, cuentan con ventajas que suelen ser subestimadas en la discusión ambiental. Las empresas operan bajo criterios de eficiencia, innovación y resultados medibles. Hoy, muchas ya desarrollan proyectos de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y reducción de impacto ambiental. Si se les permitiera operar en un entorno con reglas claras, estas iniciativas podrían escalar significativamente.
De acuerdo con Anderson y Leal (2001), pioneros del ambientalismo de mercado, el sector privado es capaz de internalizar los costos ambientales cuando existen derechos de propiedad bien definidos, lo que incentiva la conservación a largo plazo en lugar de la explotación inmediata. El mercado tiene la capacidad de atraer especialistas, adoptar tecnologías avanzadas y diseñar soluciones más flexibles.
Desde esta perspectiva, proteger el medio ambiente no implica excluir al Estado, sino redefinir su rol. En lugar de intentar gestionar directamente todos los esfuerzos, el Estado podría concentrarse en establecer marcos regulatorios básicos y supervisar el cumplimiento de normas. Este enfoque se apoya en el Teorema de Coase (1960), que sugiere que si los derechos de propiedad están claros y los costos de transacción son bajos, las partes privadas pueden llegar a acuerdos óptimos para resolver problemas de externalidades ambientales sin intervención estatal directa. De esta manera, se aprovecha la capacidad técnica y operativa del mercado sin renunciar a la función de vigilancia pública.
Conclusión
El debate no es mercado versus medio ambiente, sino cómo alinear incentivos para lograr mejores resultados. Cuando existen derechos de propiedad claros, competencia e innovación, el mercado se convierte en un aliado poderoso. Apostar por soluciones privadas no significa abandonar el cuidado del planeta, sino reconocer que, bien diseñado, el mercado puede ser una herramienta más eficaz y sostenible que la intervención estatal directa.
Referencias Bibliográficas
- Anderson, T. L., & Leal, D. R. (2001). Free Market Environmentalism. Palgrave.
- Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44. https://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/coase-socialcost.pdf
- Ostrom, E. (2000). El Gobierno de los Bienes Comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva. Fondo de Cultura Económica.